Pulseada entre el Gobierno y las eléctricas por la nueva oferta de energía

Cuando todo el sector eléctrico esperaba con ansias una inminente definición del Gobierno con respecto a una actualización de las tarifas para las distribuidoras de Buenos Aires y de los precios de la energía para el mercado mayorista (MEM), el Ejecutivo volvió a diferir una eventual decisión en esa dirección. Así lo interpretan los empresarios de la industria a partir del silencio de radio que impera en despachos oficiales.


Voceros del Ministerio de Economía, que conduce Axel Kicillof, modificaron su postura la última semana. De evitar responder ante cualquier consulta sobre una eventual recomposición tarifaria para el segmento residencial del área Metropolitana -el congelamiento ya supera los 10 años-, concesionada a Edenor y Edenor, pasaron a informar abiertamente que la poda de subsidios se postergó hasta fines del invierno. “Probablemente no haya novedades hasta agosto”, señaló a El Inversor Online un vocero del Palacio de Hacienda.

La situación de las generadoras es similar. Allegados a Kicillof indicaron a los directivos de las principales empresas del sector -entre las que figuran Pampa Energía, Sadesa (Central Puerto), Endesa (Costanera), AES y Albanesi- que la semana que pasó se presentaría una resolución con los nuevos precios de la energía en el MEM. Se trataría, en rigor, de una actualización de los valores incluidos en la resolución 95/2013 de la Secretaría de Energía, que quedaron muy desfasados después de la brusca devaluación de enero de este año.

Sin embargo, pasó el tiempo y no hubo novedades al respecto. No se trata de una cuestión menor. Como resultado de la depreciación del peso se incrementaron los costos operativos de las generadoras, que en gran medida se expresan en dólares, lo que agudizó el stress financiero de las empresas.

La estrechez de recursos económicos de las generadoras es una constante crónica de la década kirchnerista. Como lo que pagan los usuarios domiciliarios no alcanza para cubrir los costos reales que demanda la producción de energía, Cammesa, la administradora del mercado mayorista, acumuló en los últimos años una deuda sideral con las compañías eléctricas. En marzo de este año, el rojo de Cammesa con las empresas superó los $ 20.000 millones.

Como resultado de ese desbarajuste estructural, la admnistradora del MEM -hoy controlada por directivos que responden al ministro de Economía- abona las facturas de venta de energía emitidas por los generadores con una demora promedio de 70 días, cuando no debería expenderse más de 45. “Es un escenario complejo, aunque hemos sufrido demoras peores, de hasta 120 días”, admitieron allegados a Ageera, la asociación que nuclea a las empresas productoras de electricidad.

La promesa del Gobierno consiste en incrementar los precios fijos y variables incluidos en la resolución 95/2013 de la Secretaría de Energía, que de acuerdo con criterios de ‘costo plus’ fijó los ingresos que reciben las empresas que generan electricidad. En rigor, las remuneraciones para los privados fueron establecidos en función del balance de las eléctricas del año 2011, por lo que más allá del efecto nocivo de la devaluación de enero, ya se encontraban desfasadas.

“El Ejecutivo ofreció una recomposición del ingreso de las empresas en torno al 25%”, afirmó un gerente de una de las mayores generadoras. “Es poco si se advierte que los valores actuales fueron calculados en base a los costos de dos años atrás y que en el medio, hubo una devaluación superior al 50%″, agregó.

A su vez, el Ejecutivo propuso a los privados financiar nuevos proyectos de generación con las acreencias acumuladas por Cammesa. La idea, en concreto, apunta a instalar 500 megawatt (MW) adicionales de potencia para junio de 2015, precisaron a este medio fuentes de la industria. A tal fin, los mayores jugadores de la industria presentaron proyectos para elevar la capacidad de sus usinas.

“La idea es que las generadoras instalen pequeñas turbinas a gas o motores de combustión que puedan quemar combustibles líquidos. Es decir, equipos de pequeña a mediana envergadura que de manera relativamente rápida puedan sumar nueva potencia eléctrica al mercado”, explicaron allegados a Cammesa. Sin embargo, no se habrían recibido ofertas para colocar los 500 MW que originalmente buscaba el Gobierno.

Es más, a raíz de la falta de confianza que produjo la convocatoria, muchas empresas propusieron instalar equipos usados importados, más baratos que los nuevos. AES, por caso, planteó la posibilidad de instalar tres turbinas a gas (TG) traídas desde Europa. Y Sadesa, titular de Central Puerto, acercó dos proyectos: uno con grandes motores de combustión y otro con turbinas usadas de Mitsubishi y Alstom.

El principal obstáculo que enfrenta la iniciativa oficial es la falta de financiamiento para apalancar nuevas inversiones. “Sin crédito en el exterior es muy complicado solventar estas obras y menos cuando el precio de la energía que propone el Gobierno no es atractivo. A esta altura, es casi imposible que se llegue a instalar algún equipo para la fecha prevista por el Gobierno”, se sinceró el gerente de Planeamiento de una generadora.

Un grupo de eléctricas enfrenta, a su vez, otro inconveniente. Son las que pueden comercializar contratos de Energía Plus, el programa oficial que autoriza a las empresas que hayan invertido en nueva generación a vender más cara su energía.

En líneas generales, la resolución 1281/2006 de la cartera que dirige Daniel Cameron estableció que los usuarios industriales deben comprar a un generador privado -bajo la órbita de Energía Plus- toda la energía que esté por encima de su consumo promedio de 2005 (demanda base). Y fijó una serie de cargos y penalidades -que luego fueron redefinidas por notas de Energía- para las empresas que no cumplan con esa exigencia.

El problema es que después de la devaluación de enero, el valor de esos cargos no fue actualizado, por lo que al precio actual del peso a los industriales les conviene continuar comprando a las distribuidoras -aunque deban afrontar penalidades- que cerrar contratos en dólares de Energía Plus con un generador.

“Como las penalidades se expresan en pesos, al valor actual del dólar, a los grandes usuarios les resulta más barato pagar los cargos por excederse de la demanda base que firmar contratos de Energía Plus, cuyo precio promedio ronda los US$ 70 por MWh consumido”, explicaron desde otra generadora.

Mientras tanto, los subsidios a la energía siguen creciendo. En cuatro meses se gastaron 21.803 millones de pesos en subsidios a la electricidad, más del 63% de los $ 34.393 millones que contempla el presupuesto de este año para atender los subsidios del Estado en ese rubro.


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