Uno de los rasgos más salientes de la medida es la ampliación de las partidas destinadas a organismos y empresas públicas que operan en el sector energético. En total, las entidades ligadas a esa industria recibieron transferencias por más de $ 71.000 millones.
Los crecientes subsidios a la energía son uno de los grandes motores del gasto público. Representan cerca de 4 puntos del PBI. Como sucedió en anteriores redireccionamientos de fondos públicos, Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, fue la principal empresa beneficiada. Recibió $ 32.750 millones adicionales, que se utilizarán, en gran medida, para financiar la importación de gasoil y fuel oil para generar energía.
Enarsa, la empresa estatal de energía, que está a cargo de la compra de gas de Bolivia y del LNG que llega por barco a las terminales de Bahía Blanca y Escobar, obtuvo ingresos extras por $ 23.500 millones.
En tanto que el “Programa de estímulo a la inyección adicional de gas”, conocido en la jerga como Plan Gas, que funciona bajo la órbita de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, consiguió una nueva partida de $ 12.500 millones para pagarle hasta US$ 7,50 por millón de BTU de gas (tres veces más que la media del mercado) a las petroleras que incrementen su producción del fluido.
Además, Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) recibió $ 2200 millones adicionales para financiar obras del plan atómico del Gobierno, que prevé la finalización de Atucha II y la construcción del Carem, un reactor experimental. Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) consiguió $ 700 millones para continuar con la instalación de una central térmica a carbón en Santa Cruz. Y Dioxitec, la empresa encargada de fabricar el combustible que utilizan las centrales nucleares, recibió $ 301 millones.
Fuente: http://elinversoronline.com/
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