Este fin de semana renunció Javier Papa, que se desempeñaba como Subsecretario de Planeamiento Energético y era un funcionario “del riñón” del ministro Martín Guzmán, organismo que responde al Ministerio de Economía, 

En el texto de su renuncia señaló que sus motivos eran “profesionales, entre otros”.

“Va a seguir en el equipo de Guzmán, incluso más cera”, detallaron fuentes oficiales sin confirmar qué nuevo cargo ocupará. “Tiene un perfil técnico que al ministro le interesa mucho. Este reordenamiento es consensuado, no es una novedad. Nada tiene que ver con otras cuestiones”, aseguraron.

A pesar de la renuncia, desde pasillos oficiales resaltaron también que el de Papa es “es un perfil muy importante para los objetivos del área”. “En esa subsecretaría será designado un funcionario cercano a Guzmán, que trabajará con Darío Martínez”, advirtieron también, sin dar nombres por el momento.

Por su parte, desde la Secretaría de Energía no realizaron comentarios sobre la salida del funcionario, pero según fuentes del sector, Papa habría sido designado por Guzmán sobre todo para controlar las transferencias de fondos. 

El currículum de Papa, que es economista egresado de la UBA, incluye un doctorado en Economía en el Instituto Max Planck – FSU Jena y una maestría en Políticas Públicas (SPRU Sussex). El ex funcionario contaba con una amplia experiencia académica y de gestión pública, nacional e internacional. Y publicó algunos trabajos sobre el sector energético.

La Secretaría de Energía es un organismo clave que pasó de Desarrollo Productivo a Economía el año pasado cuando asumió el neuquino Darío Martínez, en reemplazo de Sergio Lanziani. 

Dos de los temas más importantes que está llevando adelante la Secretaría de Energía es el plan de segmentación de tarifas según los ingresos de los usuarios que el Gobierno espera comenzar a aplicar en 2022 y, por otro lado, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que ya está listo y que se podría presentar al Congreso en los próximos días.

A grandes rasgos, el Gobierno persigue dos objetivos con la iniciativa: conseguir un aumento de la productividad de los hidrocarburos que asegure el abastecimiento interno y mejorar el saldo exportador del sector con mayores divisas para el Banco Central. Para eso, establecerá un régimen de inversiones que durará 20 años y en el que les asegurará a las compañías estabilidad impositiva para generar “un horizonte de reglas claras en materia tributaria federal y para los propios incentivos que la misma norma establece”, según mencionaron la semana pasada desde el Ministerio de Economía.