Por entonces, la ordenanza n° 11.349 sancionada al comienzo del aislamiento preventivo y obligatorio provocó un duro rechazo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), al considerar que la “tasa de servicio a las energías renovables" implica un tributo “gravoso” y “arbitrario” para el desarrollo de la actividad.

Por la ampliación del ejido urbano de Puerto Madryn, los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal. Aunque las energías renovables están exentas de algunos impuestos, el Concejo resolvió aplicar una "tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados de uso, con un tributo que se le suele aplicar a toda empresa.

A pesar de las críticas empresarias, el municipio a cargo del intendente Gustavo Sastre dio un paso adelante esta semana y estableció una modificación tarifaria en aquella tasa. Ahora, en vez de pagar una suma por los metros cuadrados, los parques eólicos deberán abonar en función de lo que producen; es decir, una suerte de “impuesto al viento”.

Para la comuna, la medida implicará un salto en la recaudación por la misma tasa de inspección. Se pagará un monto diez veces mayor que el previsto.

En la actualidad, los molinos están produciendo alrededor de 1.400 kw mensuales. Las autoridades locales apuntan a que lo que se cobra por la tasa representa unos 84 kw. Es decir, si una empresa abonaba anualmente $800.000 en tasas municipales, ahora abonarán unos $10 millones, señalaron desde la intendencia de Puerto Madryn.

Ya con la ordenanza de abril, la comuna patagónica defendía el tributo al resaltar, como argumento, que el “aprovechamiento de la energía del viento por el ser humano coincide con el desarrollo de las primeras civilizaciones”. “Dentro del ejido de la ciudad de Puerto Madryn se encuentra el parque eólico más grande del país”, puntualizaba el texto.

La tensión aún no ha tenido una conclusión definitiva. Desde Cader solicitaron meses atrás “enfáticamente al municipio de Puerto Madryn y la Provincia de Chubut desistan de este avance sobre la generación eléctrica a partir de fuentes renovables" y acusó a la medida de “ilegal”.

“La ilegalidad manifiesta de la iniciativa de Puerto Madryn radica en que se traduce en una enorme carga para los proyectos renovables, obstruyendo gravemente la continuidad de los proyectos construidos, en construcción y en desarrollo, vía por la cual se comprueba su arbitrariedad y se demuestra el desconocimiento de derechos constitucionales; poniendo así en riesgo el normal desenvolvimiento de la actividad de nuestros asociados, de cientos de puestos de trabajo y el afianzamiento de proveedores locales", apuntaba el comunicado.

En una de las audiencias públicas de 2019 donde se discutió la materia, los parques eólicos fueron motivo de controversia porque no requieren de mano de obra intensiva y ni dejan regalías para la provincia de Chubut. “Celebramos los parques que se ejecutan, pero queremos que nos dejen al menos energía o la posibilidad de garantizar la provisión de un servicio tan importante”, señaló el intendente Gustavo Sastre.

Una de las voces disonantes del encuentro había sido el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, Héctor González. El dirigente gremial cuestionaba que la generación de energía desde la Patagonia tenga como destino principal las principales ciudades del país. "Nos toman de estúpidos, tenemos que darle de comer a la gallina, pone los huevos, lo pagamos y se lo llevan y lo comen otros a los huevos. “Generamos esto, se lo llevan para ser usado por otros y lo pagamos nosotros”, bramó.

Fuente: Infobae