Sólo en los parques, la inversión necesaria estaría entre los 7.100 y los 8.900 millones, según cálculos sectoriales.

Si bien fuentes empresariales reconocen que "estos concursos son creadores de riqueza y empleo para las zonas", las contrapartidas, la descoordinación e incluso ciertos escándalos políticos han provocado desconfianza en los procesos. Sobre todo en estas últimas comunidades, que cuentan con el lastre de que las empresas ya han desarrollado fábricas en otras autonomías que licitaron más pronto sus megavatios.

Un escenario complicado e impredecible para los actuales licitadores que, aun así, preparan sus mejores ofertas para cada zona. Éste es el resumen de los últimos concursos en proceso, con sus peculiaridades, sus peticiones y sus cuestiones en el aire.

Canarias: el origen de los recelos

En octubre de 2004, el Gobierno de Canarias convocó un concurso para la adjudicación de 334 megavatios (MW). Cinco meses después, se descubrió un caso de corrupción que imputaba a dos empresarios canarios y a un político popular, el director general de Industria, Celso Perdomo. El asunto acabó en los tribunales y la licitación, anulada.

Con un nuevo plan energético, en abril de 2007 se dispuso un segundo concurso, de cláusulas más precisas, que ampliaba su oferta a 440 MW. Sin embargo, a raíz del elevado número de solicitudes y las dificultades para analizarlas, el plan sufrió un largo retraso.

En octubre de 2008 se publicó una resolución para acelerar el proceso, pero no fue hasta junio de este año cuando se concretó el reparto final. La compañía mejor parada fue Endesa, con más del 15%, y tras ella el consorcio formado por Atlas Capital y Gas Natural e Iberdrola.

Aun así, los retrasos provocaron que los megavatios adjudicados no se inscribieran en el registro de preasignación, con lo que, pese a tener licencias y estar en construcción, no iban a cobrar la prima. La Asociación Empresarial Eólica introdujo este requisito en la última negociación sobre la nueva regulación para esta energía y, en principio y a falta de su aprobación, sería uno de los puntos en los que han llegado a un acuerdo con el ministerio.

Extremadura: mucho aire, poco movimiento

La planificación eólica en Extremadura, donde aún no se ha instalado ni un solo aerogenerador, tiene una larga historia de tentativas frustradas y aplazamientos. La primera normativa al efecto se remonta a 2005, con requisitos como la creación de tres puestos de trabajo por megavatio instalado o la negativa de construcción en 30 zonas consideradas de alto valor medioambiental. La admisión de solicitudes se postergó hasta mediados de 2006, frente a las críticas de la oposición por las dificultades para presentarse al concurso. En todo caso, se presentaron un alto número de candidatos y la Junta llegó a ampliar por dos veces el plazo, ante la complejidad de los expedientes. Un año después, rechazó los 116 proyectos en liza por incumplimiento del decreto autonómico de 2005. Creado el revuelo, la Junta tuvo que defender en varias ocasiones su interés por la eólica.

La segunda convocatoria apareció a finales de 2007 y se resolvió en verano del año siguiente. Se licitaron 470 MW, que, tras otro aplazamiento, ascendieron a 501 MW al admitir cuatro recursos presentados por las empresas aspirantes. En total, 22 parques correspondientes a 10 promotores que suponían la creación de 1.896 empleos. Sin embargo, ninguno fue autorizado en el registro de preasignación del Gobierno central y fueron de nuevo rechazados.

Recientemente se han publicado las bases para el tercer concurso, tampoco exentas de crítica. El Ejecutivo exige la creación de tres "empleos estables y directos en proyectos empresariales promovidos en el área de influencia, con ocasión de la instalación de los parques". De lo contrario, se conmutará por una aportación mínima del 8% de la facturación generada por el parque, a retribuir al ayuntamiento y a la mancomunidad durante un plazo mínimo de 25 años.

Galicia: A la tercera va la vencida

Hace ya tres años que la Xunta, bajo el Gobierno bipartito del PSdeG y el BNG, sacó a concurso 2.325 MW, el mayor proyecto de instalación de potencia eólica en Europa. El plan del entonces consejero de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, resultó polémico al incluir una participación pública del 14,22%, algo más de 325 MW. Sin embargo, la expectación fue máxima. Se presentaron nada menos que 948 ofertas de lo más dispar. Pedían un total de 30.500 MW, 13 veces más de lo que ofrecía la Xunta.

Al final, entre los adjudicatarios se encontraban cuatro conserveras y cuatro cooperativas lácteas, además de otras empresas ajenas al sector. A finales de 2008, se aplazó la puja ante el temor de resultar impugnada desde el ministerio.

Con la elección del PP al año siguiente, la Xunta anuló el programa de sus antecesores y redactó un nuevo texto a fin de eliminar la intervención pública y "evitar la especulación". El pasado 3 de agosto se publicó la lista de los nuevos aspirantes. Hoy postulan 91 solicitudes frente a las 172 de 2008. El 85% son compañías gallegas y casi el 70% de los proyectos están relacionados con el sector de la energía. 58 de los planes asociados proponen la colocación de industrias manufactureras -como reciclaje o fabricación de leds-, 25 presentan iniciativas en agricultura y ganadería, 22 se refieren a la I+D+i, 18 a la construcción, 7 al transporte y otras 2 a la minería. El actual consejero de Industria, Javier Guerra, asegura que la puja eólica creará 12.000 puestos de trabajo en comparación con los 3.000 estimados por el anterior Gobierno, mientras que la inversión en planes industriales asociados pasaría de 650 millones a unos 3.000 millones.

Sin embargo, el nuevo plan tampoco ha estado exento de crítica. Doce de los aspirantes al reparto tuvieron que lograr avales de hasta siete millones de euros. De manera que la Xunta se quedará el dinero si los planes empresariales no se ejecutan. Y se está planteando cobrar en adelante un "canon paisajístico" que supondría un pago de hasta 5.900 euros por cada 15 máquinas instaladas.

Aparte de la instalación de nuevos parques eólicos, la Xunta anunció recientemente un proceso de repotenciación de las plantas ya existentes hasta los 840 MW, especialmente los construidos antes de diciembre de 2001. La propuesta contempla también la reducción en un 50% del número de molinos instalados en la Red Natura, espacios naturales protegidos desde una directiva europea.

Cantabria: todo queda en casa

Con un escenario de tan sólo unos 20 MW procedentes del viento, el Gobierno de Cantabria -con el partido regionalista de Miguel Ángel Revilla al frente en coalición con el PSOE- aprobó a principios del año pasado un decreto para la instalación de entre 1.200 y 1.900 MW. Las bases del concurso favorecían a aquellas empresas que, como complemento a la inversión, incluyeran otros proyectos industriales y de I+D, aun sin estar relacionados con el sector eólico.

A finales de 2009, el plan se concretó en 1.400 MW repartidos en siete zonas de la región, con una inversión total de 2.000 millones de euros y la creación de 1.500 empleos. En octubre eran 51 los proyectos presentados, y cinco meses después, tras la revisión, se redujeron a una treintena.

En julio de este año, se dieron a conocer los siete consorcios ganadores. Cinco estaban ligados a esta comunidad autónoma. Entre ellos se encuentran firmas cántabras como Banco Santander, Ocyener, Ascán y Biobás. Esta última forma una curiosa asociación con las gallegas Engasa y la conservera Jealsa Rianxeira. Atrás quedaron grandes empresas como Acciona Energía, Gas Natural Fenosa o Gamesa, que está estudiando impugnar el proceso. Un ayuntamiento local, gobernado por el PP, y una organización ecologista ya lo han llevado al Tribunal Superior de Justicia.

La potencia final adjudicada es de 1.336 MW. El ejecutivo cántabro prevé ahora una creación de 4.200 empleos. Sin embargo, los primeros molinos no se esperan hasta 2013.

Cataluña: puja de intereses y alianzas

A mediados del pasado mes de julio aparecieron las bases para el nuevo concurso eólico, que se está desarrollando sin grandes dificultades. A los 420 MW existentes se unirán 769 MW, a repartir en siete zonas de desarrollo prioritario (ZDP).

El decreto valora especialmente la contribución de empresas locales, de ahí que varias de las seleccionadas sean conocidas firmas catalanas. En todo caso, la eventual falta de peso técnico se compensa gracias a la asociación con compañías especializadas. Así, han surgido alianzas como las de Gas Natural y la francesa Alstom, Fersa y Aventalia o Comsa Emte y Gamesa. De momento, los 20 grupos presentados han superado la primera fase de suficiencia documental. La consiguiente evaluación de cada una de las propuestas dará paso a la adjudicación definitiva, prevista para el próximo 26 de octubre.

Fuente: http://www.cincodias.com/