En la Argentina hace falta superar determinadas barreras normativas, institucionales, económicas y  sociales para permitir  un mayor desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética. Esta acción incluye particularmente:

Políticas públicas coordinadas y de largo plazo

Es necesario establecer políticas claras y estables, al mismo tiempo que se planifica para el largo plazo. Esto en un equilibrio entre la política de promoción de energías renovables y la eficiencia energética, y la política energética nacional y su orientación a largo plazo.

Creación de marcos normativos adecuados

El fomento de instrumentos regulatorios eficientes y transparentes, que permitan reducir el grado de incertidumbre y que brinden seguridad jurídica, resultan clave para un mayor desarrollo. Entre las más urgentes y  destacadas se observan:

a)- en materia de energía solar térmica, es necesaria  una ley nacional que no sólo declare de interés nacional el uso de esta tecnología, sino que también permita en el mediano plazo transformaciones concretas en la matriz energética. 

b)- en generación distribuida, ya cuenta con excelentes posibilidades de desarrollo, tales como la incorporación de módulos de energías renovables de pequeña escala para el autoconsumo y la incorporación al Sistema Interconectado Nacional. Para ello, será necesario establecer un marco normativo para la microgeneración. Actualmente los impedimentos para una mayor descentralización energética no son técnicos, sino legales

c)- respecto a la eficiencia energética se vislumbra claramente la importancia de una ley nacional con metas concretas y regulaciones específicas para edificaciones urbanas y su incorporación a los códigos de edificación locales, entre otras medidas.

Creación de marcos institucionales favorables a las energías renovables

Se vislumbra como muy positivo, siguiendo el caso exitoso de la experiencia comparada,  la creación de organismo o “agencia” autónoma, especializada y dedicada exclusivamente a la promoción y aplicación de políticas públicas en materia de eficiencia energética y energías renovables, que actúe transversalmente a todos los ministerios, programas y acciones de gobierno, articulada con los distintos niveles y actores. 

Instrumentos económicos y financieros

Estos incentivos deberían estar alineados con las políticas nacionales para inversores, tales como los “créditos verdes” y los programas para empresas innovadoras en tecnologías de punta para energías renovables y eficiencia energética. Las exoneraciones fiscales amplias podrán derivar en mayores inversiones y uso de las renovables. Entre los sistemas de precios, se deberá tener en cuenta tarifas atractivas y favorecedoras de la competitividad para el sector como así también el acceso prioritario a la red. En esta línea, en Alemania las tarifas feed-in-tariff han demostrado ser muy exitosas en la expansión de las energías renovables. Este sistema tiene amplias posibilidades técnicas de ser implementado en la Argentina.

  

Portada del libro que compara el desarrollo renovable en Alemania y Argentina, de la abogada Belén Esteves

 

Promoción, desarrollo e innovación

La promoción de los beneficios en materia de energías renovables y eficiencia energética (por medio de programas, transferencia de conocimientos y presencia en los medios de difusión, entre otros instrumentos), determinará el éxito de las políticas diseñadas para el sector.  Es prioridad situar en la agenda política la investigación aplicada para un mayor desarrollo científico e innovación del sector. 

En conclusión, podemos decir que no caben dudas de que el XXI  será el siglo de las energías limpias. A medida que la matriz hidrocarburífera exprime sus últimas gotas o se vuelve demasiado costosa e ineficiente, la industria de las renovables avanza en todo el mundo. La Argentina ya ha dado sus primeros pasos en esa dirección: por primera vez se aplican políticas al respecto. El programa GenRen ha sorteado algunos obstáculos de la ley 26.190 con incentivos concretos para la inversión. Sin embargo, aún se está lejos de aprovechar el enorme potencial de las energías renovables  en nuestro país, que permitirá diversificar la matriz energética, garantizar el suministro eléctrico y contribuir a la lucha contra el cambio climático. La inversión en tecnología sustentable redundará también en beneficios sociales, como la generación de nuevos puestos de trabajo, desarrollo industrial y tecnológico, y competitividad.

Para ello se requiere liderazgo y voluntad política para instalar el tema como prioritario en la agenda pública. Y que así podamos impulsar un modelo de desarrollo que no comprometa el bienestar de las generaciones futuras.

Por Belén Esteves

Fuente: http://www.inti.gob.ar/