Los especialistas Gerardo Rabinovich y Alejandro Sruoga analizaron la situación del sector, cuya facturación no alcanza a cubrir los costos, que deben ser cubiertos con subsidios. Sostienen que el sistema es mucho menos eficiente que hace 10 años.
El primer semestre del sector eléctrico parece seguir bajo los mismos paradigmas de 2014: las empresas continúan con reclamos hacia el Gobierno por el desfasaje que existe entre sus costos operativos y la creciente inflación, que las deja al borde del quebranto.
Según Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, este escenario tiene como responsable al Gobierno. “Tenemos un sector eléctrico completamente intervenido por el Estado nacional. Éste define precios y fija tarifas, por lo que lo único que les queda a las empresas es cumplir las órdenes que demanda”, señaló el directivo en un seminario organizado por el grupo de ex secretarios de Energía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en abril.
Los números explican la situación: aunque existe un gran potencial en la generación de energía eléctrica, los subsidios representaron en 2014 un 1,4% del PBI desembolsado por el tesoro para pagar la diferencia entre lo que cuesta producir y lo que paga la demanda.
“Si bien posiblemente haya un alivio respecto de esta temática, los subsidios no subirán y la curva divergente que existe se aplanará durante este año”, vaticina Rabinovich.
Una medida que apuntó al incremento de generación eléctrica fue la Ley 26.190, que exigió para 2016 un consumo del 8% proveniente de fuentes renovables. Si bien busca el incremento de actividad, en el sector la ven como impracticable debido a que la remuneración es insuficiente.
“El potencial lo tenemos, pero aunque realizamos mucho esfuerzo en agregar energía hidráulica, eoloeléctrica y fotovoltaica, seguimos con una utilización del 54% del parque térmico. Necesitamos diseñar un esquema que nos permita salir de forma paulatina de esta problemática”, resumió el directivo.
Sin embargo, el concepto es claro a nivel mundial: las energías renovables llegaron para quedarse, y su desarrollo en países como la Argentina –que poseen una alta dependencia de combustibles fósiles– es una cuestión estratégica. Es por eso que la mayoría de los directivos del rubro piensa que es necesario reformar la normativa.
Existe, de hecho, un proyecto impulsado por el senador Marcelo Guinle. La propuesta, que recibió media sanción del Senado en diciembre, fija que recién para 2017 se alcance el 8% y aspira a que sea el 20% en 2025, pero todavía no se puso en acción.
“Aunque agreguemos dos módulos nucleares de 1.200 MW, 3.300 MW eólicos y 700 MW fotovoltaicos, siguen sin ser suficientes para cubrir lo establecido y abastecer de una manera rentable al país”, sentencia Rabinovich.
A su entender, el sector debe contar con una inyección de US$ 5.000 millones al año entre generación, transporte y distribución para salir a flote, y una asociación público-privada que ensamble el Estado y las empresas con objetivos en común.
La demanda no cede
El abastecimiento del usuario final también es un inconveniente que enfrenta el sector. En 2003, la demanda era de 14.000 megawatts (MW), mientras que en la actualidad es de 24.000, con tarifas congeladas. “Se implementaron subsidios a la demanda y a la oferta debido a que las decisiones políticas se ampararon en una utilización del recurso como bien estratégico, en vez de un commodity. Así, el sistema perdió eficiencia”, explica Alejandro Sruoga, ex secretario de Energía.
Según sus palabras, en la actualidad es mucho más costoso instalar 1 MW que hace 10 años y en cotización de dólar. “Esto sucede porque la conceptualización es diferente. El Gobierno promocionó el consumo en búsqueda de mantener una actividad económica y asumió mayores costos”, comenta el ex funcionario.
El resultado de este paradigma en el período 2001-2012 demarcó un crecimiento global de facturación de energía eléctrica del 52% en el usuario final y un 70% en el sector residencial, mientras que en las industrias sólo ascendió un 33%. “Grandes importaciones que prevén salvar al país de los cortes tampoco hablan bien del modelo, ya que suena a improvisación y altos costos injustificados”, expresa Sruoga.
Ante esta creciente demanda de electricidad (4% anual) y los márgenes de reservas cada vez menores, el Gobierno encaró grandes proyectos mediante asociaciones con China y Rusia, tanto en el sector de la generación como en el de la transmisión. Pero para Rabinovich, el sector se encuentra fuera del mercado financiero internacional, ya que se desconoce qué trabajo o contrato se estableció con las naciones orientales. “Si no contamos con información y números que corroboren inversiones con ambos países, seguimos en la misma línea de negocio. Este escenario tiene que cambiar necesariamente”, enfatiza.
La mira en los subsidios
En esa línea, los especialistas argumentan la necesidad de aumentar las tarifas residenciales actuales, congeladas a comienzos de año por decisión íntegra del ministro de Planificación Julio De Vido para “seguir manteniendo un esquema tarifario popular, que impulse y mejore la calidad de vida de la gente”.
Aunque la medida también estipula que el Gobierno se hará cargo de las obras y salarios del sector, según su visión el incremento de costos sólo lo ven las empresas, debido a que sus ingresos crecieron menos y a la mayoría le faltan recursos para afrontar su actividad. “Sólo por citar un ejemplo que dé noción de la magnitud del subsidio, en 2014 se dedicaron recursos para subsidiar a las eléctricas equivalentes al 10% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional, a cuatro veces el presupuesto de las Universidades Nacionales y a dos veces el presupuesto de las fuerzas de Seguridad Nacional. Hace quince años, el sector no demandaba subsidio alguno”, detalla Sruoga.
En el mediano plazo, el nuevo Gobierno tomará decisiones. A decir del ex secretario, deberá elegir entre continuar con un modelo subsidiario o podrá optar por una nueva alternativa. “Si se define una estrategia de saneamiento y desarrollo del sector eléctrico, privilegiando el bien público y la seguridad de las personas, en conjunto con las empresas en el desafío de gestionar recursos, decidir inversiones y administrar riesgos para lograr el objetivo, seguramente éstas obtendrán su renta, y los usuarios, el mejor servicio”, concluye el ejecutivo.
Fuente: Revista Petroquimica
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