En su presentación, este proyecto tiene el objetivo de complementar y profundizar el régimen de fomento para el uso de fuentes renovables, instaurado por la Ley 26.190, que fija como meta que el 8% de la demanda eléctrica se cubra con fuentes verdes en el plazo que vence en 2016. El proyecto del Senador Guinle fija una nueva meta para 2025 que incrementa el número hasta el 20%. “Esta iniciativa busca promover el desarrollo de proyectos de energía renovable sorteando la mayor cantidad de obstáculos encontrados por las normas antecesoras”, asegura Guinle. De acuerdo con el legislador, la norma anterior fracasó, ya que no logró promover el desarrollo de fuentes renovables desde su puesta en vigencia en 2006. La implementación de un contrato de compra-venta de energía renovable mediante tres resoluciones publicadas en 2007, 2009 y 2011 fue el intento fallido de posibilitar lo que la ley no pudo con su esquema de remuneración fija adicional sobre un mercado eléctrico con precios caídos.

Según Guinle, “Esta situación impulsa la necesidad de un nuevo marco normativo que contemple una rápida inserción del combustible no fósil en la matriz. Debemos incentivar mecanismos que resulten relevantes para el mediano y largo plazo”, enfatiza.

La medida pretende, por otro lado, disminuir la salida de divisas para mejorar la balanza comercial, ya que la rápida inserción de energía renovable posibilitaría el reemplazo de volúmenes de combustible importado. “Cada megawatthora (MW/h) renovable colocado en el sistema ahorra uno producido con combustibles importados que el país paga en el mercado internacional en dólares”.

Guinle manifiesta que la instalación progresiva de 8.900 MW de fuentes renovables hasta 2025 ahorraría US$ 41.000 millones en importación de combustibles. “Los grandes usuarios que demandan una potencia firme por encima de los 300 kilowatts (kW) generan un valor económico importante. La iniciativa obliga a la sustitución del 8% de la energía consumida por medios renovable a distintos valores y se comprueba que al desplazar la importación de combustible disminuyen los valores, provocando que ese porcentaje de energía renovable no impacte en la tarifa final”, remarca.

El artículo 8 lo aclara de forma explícita: “Los grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista y las grandes demandas que sean clientes de los prestadores del servicio público de distribución o de los distribuidores, con demandas de potencia iguales o mayores a 300 KW, deberán cumplir efectiva e individualmente con los objetivos indicados en el artículo precedente. A tales efectos, podrán autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes fuentes de generación renovable a fin de cumplir con lo prescripto en este artículo. La compra podrá efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora o de un comercializador”.

Apoyo opositor

La propuesta de Guinle captó el interés de funcionarios opositores, que consideran factible la iniciativa. Diego Santilli, senador y nombre fuerte en el PRO, la destacó en su discurso en el Senado. “Creemos que se debe avanzar con esta política de Estado. Desde nuestro partido nos comprometemos para acompañar y aportar ideas al proyecto”, explicó.

La Unión Cívica Radical (UCR) también manifestó su apoyo y repasó las diferentes alternativas relacionadas con el ahorro energético y cuidado del medio ambiente. “La iniciativa resalta además la protencialidad que representa la Argentina para el desarrollo de energías renovables”, remarcó el senador Ernesto Sanz.

“El proyecto de modificación actualiza y mejora el marco de promoción de energías sustituibles en el país, alarga las metas más allá de 2016 y pone cupos más ambiciosos que la propia ley”, señaló por su parte Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER),Integrante de la Alianza de Instituciones por las Energías Renovables (AERA). Es de señalar que la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) es parte de AERA.

Álvarez advirtió que “habrá que trabajar para que, cuando se implemente el decreto reglamentario, no se traicione el espíritu de la ley”. “Esto significa mantener la diversidad de tecnologías e impulsar la descentralización de la generación renovable”, precisó el ejecutivo.

Beneficios

Las importaciones de hidrocarburos representan un serio dilema a solucionar en la Argentina. La demanda energética creció un 5% anual desde 2001, y de acuerdo con los números de Cammesa durante 2012 la compra de gasoil sin impuestos ni gastos de transporte interno costó US$ 841 el metro cúbico (m³). Este valor, trasladado a generación eléctrica, resulta en un costo promedio de la energía generada con combustible de US$ 207 el megawatt por hora, a entender de Guinle.

El legislador plantea cifras comparativas que favorecen el consumo eólico, ya que el costo del megawatthora generado en el marco del proyecto GENREN (Generación de Energías Renovables) es de US$126, sin considerar otros componentes del costo de ese tipo de generación. “Un parque eólico de 100 MW ahorraría el 50% de la importación actual de hidrocarburos”, subraya. 

El Senador Ernesto Sanz (UCR) rescató la iniciativa del senador Guinle de buscar la forma de mejorar la diversificación de la matriz energética nacional, dándole un fuerte impulso a la generación eléctrica mediante fuentes renovables. “Vengo señalando hace tiempo, y es parte fundamental de mi agenda política y mi trabajo legislativo, el impulso de iniciativas relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y el debido cuidado ambiental de la explotación de los recursos naturales con fines energéticos. Aspiro a encontrar coincidencias en la búsqueda de políticas de Estado sobre energía.

En segundo término, y adentrándome más en particular en el proyecto, coincido en el objetivo, el qué hacer, pero creo que tenemos que discutir en forma específica en la Comisión de Energía los instrumentos, el cómo hacerlo. Ahí hay algunas diferencias de criterio que estamos analizando con mi equipo de asesores y que plantearemos en el momento de su tratamiento.

Es, sin embargo, encomiable que con mucha objetividad el proyecto reconoce el fracaso de las políticas anteriores en la materia, como por ejemplo el GENREN. Los propios fundamentos del proyecto señalan: “El resultado [del programa GENREN] es, a más de 4 años de la iniciativa, menos del 20% de los proyectos en operación”. Ello, y en esto tengo que ser duro pero honesto, fue parte del lucro cesante por el aumento del riesgo país y la casi desaparición del crédito internacional luego de la desprolija expropiación de YPF en 2012.

Se señala en el propio proyecto, y también coincidimos, que el problema fue la falta de financiamiento. Lo que debemos tener en cuenta es que esa falta de financiamiento es fruto de una política energética discrecional, errática y plagada de distorsiones en los precios de la energía que impidieron las inversiones privadas. A ello se suma una política macroeconómica que incrementó hasta niveles prohibitivos el costo de ese financiamiento.

No parece claro que insistir con la vieja receta de los fideicomisos y mantener las distorsiones de precios de la energía en el mercado eléctrico mayorista tenga demasiado sentido sin discutir las condiciones institucionales y económicas del sector ni pedir correcciones.

No veo factible ni lógicamente consistente subsidiar las energías renovables y mantener, al mismo tiempo, subsidios a los combustibles fósiles. Nosotros queremos eliminar gradualmente el subsidio a los combustibles fósiles y remunerar a cada producción energética por sus costos económicos. Si no hacemos eso, corremos el riesgo de seguir buscando parches coyunturales cuando el problema es estructural, sistémico.

Hay que dejar bien en claro que el proceso inversor necesita, y no sólo para las energías renovables, un marco de estabilidad macroeconómica y condiciones de acceso al crédito que hoy no existen. La inflación es una manifestación de los desequilibrios macroeconómicos y, a la vez, una de sus más dañinas consecuencias. Ése es el nudo gordiano del problema de la débil inversión en generación de energías renovables que conspira fuertemente contra cualquier esfuerzo de promoción sectorial. En el marco de estas coincidencias y disensos, vamos a trabajar en la discusión del proyecto en la Comisión de Energía, tratando de encontrar las mejores herramientas para crear las condiciones del desarrollo del sector de las energías renovables en Argentina.”

Dudas y propuestas

Una de las dudas que plantea la iniciativa es si se cuenta con la oferta suficiente en el país para abastecer con energía renovable. Esto ocurre en el caso de los generadores eólicos y solares. “Hay muchos proyectos que permitirían lograr rápidos volúmenes de potencia generados por fuentes eólica y solar. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio que permita que entre en competencia la energía renovable, y fundamentalmente la falta de financiamiento por parte del Estado, son un obstáculo que debemos discutir. El acceso a Cammesa es restringido”, detalla Guinle.

Debido a esto, otra de las propuestas es la creación de fondos fiduciarios para financiar la adquisición e instalación de bienes de capital o la fabricación de obras de infraestructura aplicables a la producción de energía renovable, en el marco de la presente ley. Éstos se integrarán por la emisión de títulos o instrumentos de deuda, además de fondos provenientes del ahorro por la no compra de combustibles fósiles, entre otros mecanismos.

La reforma también emite sanciones en cuanto a los incumplimientos en las obligaciones de consumo de la porción de energía eléctrica renovable correspondiente. Los grandes usuarios y las grandes demandas abonarán sus faltantes a un precio equivalente al costo variable de producción de energía eléctrica correspondiente a la generación cuya fuente de combustible sea gasoil de origen importado, calculado como el promedio ponderado del año calendario anterior a la fecha de incumplimiento como penalidad por dicha infracción.

Por último, Guinle aclara que la iniciativa se encuentra en período de discusión. “Mejoramos en los últimos seis meses gracias al apoyo de los representantes y especialistas del sector y seguimos abiertos al debate, a los aportes de los distintos partidos políticos. Haremos el debate en el Congreso porque pretendemos que esta herramienta se transforme en una política para cambiar el escenario actual de energía en el país”.