La decisión no hace más que blanquear una situación inocultable: la bajísima concreción de los emprendimientos anunciados bajo el paraguas del plan oficial. En su primer etapa (Genren I), la iniciativa adjudicó la instalación de 895 megawatts (MW) de potencia ‘verde’ (sustentable). La gran mayoría de los proyectos aprobados fueron de energía eólica (754 MW), pero también se suscribieron obras de generación fotovoltaica, a partir de biocombustibles, con biomasa y biogás.
El esquema del programa es simple: el Estado se comprometió, a través de Enarsa, a pagar más caro por la energía producida por fuentes alternativas, con precios que oscilan entre los U$S 120 y los US$ 500 por MWh, según cada tecnología (NR: la energía eoloeléctrica se paga hasta 135 U$S/MWh inyectado en la red). Sin embargo, cuatro años después del lanzamiento, sólo se concretó un 15% de las obras adjudicadas. A noviembre de este año sólo ingresaron en actividad dos grandes eólicas de Genneia (ex Emgasud, del empresario Alejandro Ivanissevich) en Rawson, Chubut, por 80 MW; una de Isolux por 50 MW en Trelew, y dos plantas fotovoltaicas en San Juan por 5 MW.
Frente a ese contexto, Enarsa decidió cortar por lo sano y envío un ultimátum a las compañías privadas involucradas: las que al último día de 2013 no hayan presentado la documentación que certifique financiamiento aprobado para sus proyectos serán dados de baja. Así lo confirmaron a El Inversor Online fuentes de Enarsa y cercanas al Ministerio de Planificación.
Entre las empresas más complicadas se encuentran Genneia, de Ivanissevich, que aún debe destrabar el esquema crediticio para construir de parques eólicos por 150 MW, así como también Sogesic (está concursada), que adeuda el programa financiero para solventar dos granjas en la provincia de Buenos Aires por 90 MW; e Isolux, que sólo concretó 50 de los 200 MW aprobados.
En los despachos gubernamentales saben que precisan reimpulsar la inversión en emprendimientos renovables para cumplir con la Ley 26.190, que estableció que en 2016 un 8% de la energía consumida por el país deberá provenir de tecnologías concordantes con el cuidado del medio ambiente (eólica, solar, biocombustibles, biomasa, biogas y pequeñas represas hidroeléctricas). Para alcanzar ese objetivo, se necesita instalar cerca de 2000 MW, con una inversión cercana a los US$ 4000 millones, un desafío que a esta altura parece titánico.
El primer paso en esa dirección es ordenar el Genren. El Ejecutivo sólo mantendrá los proyectos que estén activos, que suman en conjunto alrededor de 200 MW. El resto -más de 500 MW- serán cancelados con el argumento de que expiró el plazo temporal que tenían las empresas para poner en marcha las obras.
En Planificación tampoco cayó bien constatar que, ante la dificultad de conseguir financiamiento -la principal razón de la demora de las iniciativas-, muchas de las empresas ganadoras pedían muchísimo dinero para abrir los proyectos a nuevos inversores interesados. “En Brasil, un Proyecto con Tarifa Aprobada (PTA) como los del Genren cuesta alrededor de US$ 50.000 por MW. Es decir, un proyecto de 50 MW se pagar US$ 2,5 millones. En la Argentina, algunas empresas pedían hasta US$ 200.000 por MW, lo que alejó a los inversores”, explicó un funcionario que pidió reserva.
Frente al fracaso del Genren, el Gobierno autorizó algunas herramientas complementarias para incentivar el uso de energías alternativas. Una es la resolución 108 de la Secretaría de Energía, que autorizó al Ejecutivo a fijar mejores precios para los proyectos ‘verdes’ (sustentables). Su funcionamiento es similar al régimen de iniciativa privada. Cada inversor presenta ante Energía un proyecto de desarrollo. Si el Estado lo considera viable y convenientes, lo habilita y le otorga un precio diferencial por la energía generada.
Bajo ese esquema están cerca de autorizarse un proyecto a cargo de la firma Autotrol para instalar 100 MW en la localidad bonaerense de Reta y el de una firma local asociada con la china Goldwin en Chubut, conocido como El Angelito.
Fuente: http://elinversoronline.com/
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