Los Ex Secretarios de Energía alertamos sobre las características de este
fenómeno en forma unificada y coordinada desde 2009; nuestros informes
fueron ampliamente difundidos por la prensa y están a disposición del público
en el sitio exsecretarios.com.ar.
Varios son hoy los temas que afectan el funcionamiento energético que ameritan
que la Agenda Política ponga foco sobre los mismos. El gobierno debe
cambiar el rumbo de la política energética y la oposición debe
asumir en sus propuestas de campaña la prioridad de una política
alternativa para superar la crisis energética. La oposición tiene que estar
dispuesta a abrir el debate a fondo con el Gobierno.
La vulnerabilidad energética argentina es evidente. Para el Gobierno el déficit
energético se ha transformado en un serio escollo político, pero para las fuerzas
opositoras que se hagan cargo del futuro gobierno, la superación del problema
heredado impondrá acuerdos en torno a políticas de estado.
Pensando en las decisiones que el futuro inmediato demandará a un nuevo
gobierno en el tema energético, destacamos en este documento seis aspectos
críticos del presente que agravan los condicionamientos de una futura gestión:
1) La falta de un plan estratégico para el sector; 2) Los sobrecostos de obras
públicas y de las importaciones energéticas; 3) Los anuncios de compra de
nuevas centrales nucleares; 4) las implicancias del acuerdo YPF - Chevron; 5) La
inviabilidad económica y financiera generalizada de las empresas de servicios
públicos del sector; 6) la adjudicación no transparente de las obras
hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
2.- LOS DESTINATARIOS DEL PRESENTE DOCUMENTO
Si bien este documento está dirigido a todos los ciudadanos, consideramos
como destinatarios prioritarios al Gobierno nacional y a las fuerzas políticas de
la oposición. Es fundamental que el gobierno se avenga a una discusión amplia
de la cuestión energética, y que la oposición comprenda que el tema energético
debe formar parte indisoluble de cualquier Agenda política de la Argentina en
los próximos 20 años.
También son destinatarios especiales del presente documento todos aquellos
que compartan la preocupación de este grupo por la necesidad de construir
consensos básicos en otros grandes desafíos que la Argentina tiene pendientes
(inserción internacional, educación, políticas sociales, salud, infraestructura,
seguridad, defensa, etc.) Deseamos que nuestra labor sea constructiva para que
ex funcionarios de otras áreas de las distintas administraciones de la
democracia también puedan establecer puentes de diálogo y abordar los
problemas y las soluciones con visión de largo plazo. Urge restablecer los
mecanismos de transacción entre las urgencias del presente y las restricciones
de un futuro que se nos vino encima. La Argentina que viene aguarda los
acuerdos básicos que traduzcan políticas de Estado.
3.- TEMAS URGENTES DE LA AGENDA ENERGETICA QUE AGRAVAN LA
SITUACIÓN DEL SECTOR Y CONDICIONAN LA FUTURA GESTION
3.1- FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO
Argentina carece de un Plan Estratégico Energético. En este contexto el futuro
aparece altamente comprometido en lo técnico, en lo económico, y en lo
financiero. La Argentina es hoy un país dependiente en materia energética y esa
dependencia complica la viabilidad económica en el presente y condiciona los
planes futuros para alcanzar el desarrollo económico y social. La sociedad en
general, y los agentes económicos en particular, carecen de respuestas
orientadoras por parte del Estado respecto al futuro energético. Por eso,
Gobierno y oposición deben abrir un debate sobre la estrategia energética para
las próximas dos décadas.
Solicitamos al gobierno que tome la iniciativa de presentar un Plan
Energético Nacional en 90 días. Ese Plan deberá ser analizado por el
Congreso y deberá requerirse el pronunciamiento de la Universidades
Nacionales y de las organizaciones empresarias y gremiales.
3.2- LOS ANUNCIOS DE LA COMPRA DE CENTRALES NUCLEARES
Por falta de un plan energético que traduzca mínimos consensos resulta
improvisado y preocupante el anuncio del Ministro de Planificación
Federal, Inversión pública y Servicios de la Nación, respecto a la
construcción de nuevas centrales nucleares por un monto de US$ 42.000
millones en los próximos 10 años, sin que se conozcan los estudios ni los
recursos que permitan analizar la factibilidad del proyecto.
Es imperativo que el Poder Ejecutivo haga conocer la información en que se
sustenta este plan, cuya ejecución además de los cuantiosos recursos
mencionados, requerirá tiempos prolongados que superarán largamente los dos
años de gestión que restan al gobierno.
¿A qué se debe este furor por dejar cerrados este tipo de contratos que van a
comprometer varias gestiones de gobierno? ¿Qué estudios fundamentan, y en
qué “política de Estado” se inscriben estas decisiones?
Es oportuno entonces, reclamar al Ministerio de Planificación Federal que
transparente la información sobre los siguientes puntos:
1) Confirmación o rechazo de los trascendidos periodísticos sobre una
próxima licitación de cuatro centrales nucleares por un valor de 16.000 millones
de US$ como parte de un plan nuclear que tiene un costo de 42000 millones de
US$, que se extiende hasta el 2023. En caso afirmativo habría necesidad de
conocer las previsiones de financiamiento para ese nivel de inversiones.
2) También se requiere información respecto al módulo de potencia de cada
uno de los reactores y su emplazamiento. Si se han hecho los estudios
ambientales pertinentes y si hubo audiencias públicas. El precio estimado del
kWh a entregar al sistema.
3) Información adicional sobre la existencia o no de un Plan Nuclear; y en
ese caso, sobre sus componentes principales y sus costos asociados (nuevas
centrales nucleoeléctricas; instalaciones mineras; fábricas de elementos
combustibles; etc.); y si estas obras cuentan con estudios de pre factibilidad que
demuestren la viabilidad técnica; económica; financiera y ambiental de cada
una de ellas.
4) Información sobre el proveedor de combustible para el caso de que las
centrales a licitar utilicen uranio enriquecido.
5) Información sobre el programa de producción nacional de agua pesada
en los próximos 5 años.
6) Información sobre la fecha de entrada en servicio comercial de la Central
Nuclear de Atucha II, y la fecha prevista de la primera puesta a crítico de dicha
central.
7) Información sobre la fecha de inicio de las obras de la extensión de vida
útil de la Central Nuclear de Embalse y el costo y fuentes de financiamiento de
esas obras. Cronograma de obras y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
con las audiencias públicas correspondientes.
3.3- EL ACUERDO YPF- CHEVRON
El acuerdo entre YPF y CHEVRON firmado el 16 de julio pasado y el decreto del
poder ejecutivo 929 publicado en el Boletín Oficial el 15 de julio pusieron este
tema en el centro del debate público.
Lo primero que debe puntualizarse es que se desconoce el texto del acuerdo
porque YPF y CHEVRON lo han mantenido en secreto como si se tratara de un
acuerdo entre dos empresas privadas. En realidad, siendo hoy YPF una empresa
controlada por el Estado (51% de sus acciones), las reservas de una negociación
entre partes deberían ceder por razones de interés público. Lo que sería
admisible para un contrato entre partes privadas, no lo es para un
contrato en el que YPF es parte, sobre todo tratándose de un caso piloto y
de un tema tan trascendente como la explotación de los hidrocarburos no
convencionales de Vaca Muerta.
Hacemos notar que la ley que regula la explotación de los hidrocarburos en la
Argentina es la 17-319. Esa ley, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución del
94 y a ley 26.197 (“ley corta”) es aplicada por las provincias en sus respectivos
territorios. Siendo que la ley de hidrocarburos tiene vigencia en todo el
territorio de la Nación, toda disposición sobre la explotación de hidrocarburos
que no se adecue a sus disposiciones son nulas (art. 79 incisos c) y d) de la ley).
De acuerdo a la ley vigente, que en este caso tendrá que ser aplicada por la
Legislatura neuquina, las concesiones petroleras se regulan por lo dispuesto en
los artículos 27 a 38 de la misma. Esas concesiones son “temporales” y duran 25
años y pueden ser extendidas una sola vez por 10 años más, siempre y cuando el
concesionario haya dado fiel cumplimiento a todos sus compromisos (art.35).
En el caso de Loma de La Lata esa prórroga ya fue otorgada en el año 2000 y,
por lo tanto, la concesión en esas áreas tiene plazo de vencimiento
improrrogable. Al vencimiento de dichos plazos las áreas deben ser
revertidas al estado sin cargo.
Es procedente puntualizar también que el concesionario (YPF), según lo
dispuesto en el artículo 31 de la ley “está obligado a efectuar, dentro de
plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la
ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la
superficie abarcada por la concesión”. Esto significa que YPF en los
12000 Km2 que posee concesionados en Vaca Muerta debe hacer antes del
vencimiento de su plazo de concesión improrrogable “todas las inversiones
necesarias” para el desarrollo completo del área. Y, muy importante, la
provincia de Neuquén como autoridad de aplicación, debe controlar que estas
inversiones se realicen en ese plazo. De lo contario esas área deberían ser
revertidas.
Con las observaciones precedentemente señaladas, consideramos procedente
que YPF y CHEVRON firmen un contrato o convenio para desarrollar en forma
conjunta un proyecto piloto en un área de 390 km2 en la zona de su concesión
vigente en Vaca Muerta; sin embargo creemos que es improcedente desglosar
esas áreas y otorgar sobre las mismas nuevas concesiones a 25 años,
prorrogables por 10 años (35 años). Esto estaría contrariando a la propia
ley de hidrocarburos en los artículos 27 a 38 y, por lo tanto, sería
nulo en los términos del artículo 79 de la misma.
Creemos en la potencialidad de los recursos no convencionales y
particularmente en los de la formación de Vaca Muerta, pero también de otras
rocas generadoras en las provincias argentinas. Sin embargo, aconsejamos
proceder con cautela en la generación de expectativas públicas
porque estamos hablando de recursos técnicamente recuperables y
no de reservas probadas. Creemos que si esos recursos pasan a ser reserva
comercialmente aptas deben ser explotados. Esa explotación debe ser racional y
ambientalmente sustentable. Las inversiones que será necesario realizar para
llevar adelante la explotación de los hidrocarburos exceden en mucho la
capacidad de las empresas que operan en Argentina. Se debe convocar a las
empresas locales e internacionales públicas o privadas, en igualdad de
condiciones, con absoluta transparencia, y en un marco de políticas que
habiliten opciones y permitan a la Argentina y a YPF negociar en condiciones de
fortaleza. De allí la necesidad de los consensos que articulen, en lo posible, una
política alternativa de largo plazo, que se traduzca en una política de Estado.
Esa política requerirá de una nueva Ley de Hidrocarburos que
reemplace a la ley 17319, y que contemple, entre otros capítulos, un
régimen especial de tratamiento de los recursos no convencionales.
3.4- LA INEFICIENTE IMPORTACIÓN ENERGÉTICA Y SUS GRANDES
SOBRECOSTOS
Por las razones precedentemente apuntadas, la Argentina ha pasado de ser un
país autosuficiente en materia energética a ser un país fuertemente
dependiente del exterior para abastecer una demanda creciente. Se estima
que 2013 finalizará con una importación récord de alrededor de más de 13.000
millones de US$.
Las importaciones energéticas no fueron anticipadas por la actual
administración con la infraestructura apropiada para hacer las compras en
forma eficiente y transparente. Argentina paga en sus importaciones
importantes sobreprecios que deberán ser objeto de especiales
auditorías técnicas.
No haber construido a tiempo infraestructura portuaria y de almacenamiento y
regasificación hizo que nuestro país hoy sea un importador ineficiente y poco
competitivo y transparente de gas natural licuado (GNL). Vaya como ejemplo
que nuestras importaciones de GNL son realizadas a precios cercanos a los 17
US$/MBtu, cuando otros países importadores de la región lo hacen a precios
notoriamente inferiores (vg. República Dominicana, con valores cercanos a los
10 US$/MBtu).
Un caso similar se produce en la importación de combustibles líquidos
derivados del petróleo fundamentalmente para la generación eléctrica.
Es una paradoja que se exporte petróleo crudo y se importen productos
refinados en cantidades cada vez mayores; es un contrasentido que nuestro país,
que tiene una gran riqueza hidroeléctrica no aprovechada, haga mayor uso de
energía termoeléctrica, generada ineficientemente con grupos pequeños que
consumen combustibles líquidos importados.
Es también una señal de alerta que nuestros vecinos, Uruguay y Brasil, hagan
uso intensivo de la energía eólica con precios inferiores de instalación a los
vigentes en nuestro país. La utilización del viento es una forma de mejorar la
calidad del medio ambiente y al mismo tiempo evitar la sangría importadora
que nos agobia.
3.5- EL QUEBRANTO GENERALIZADO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
SECTOR ENERGÉTICO.
Los Ex Secretarios de Energía ya hemos tratado este importante tema en varias
oportunidades. El congelamiento tarifario desde 2003 hasta el presente; unido a
un proceso inflacionario real que impacta en salarios y en todos los costos, ha
llevado a la totalidad de las empresas prestadoras de servicios energéticos a una
situación de quebranto económico que en algunos casos incluye la propia
cesación de pagos.
Ningún sistema puede funcionar eficientemente con empresas al borde de la
quiebra. Este resultado generalizado es producto del incumplimiento de la
legislación vigente por parte del Gobierno.
Sin embargo se trata de un arma de doble filo. Primero porque obliga al
Gobierno a transferir enormes subsidios a las empresas para evitar su
paralización que, de producirse, llevaría de inmediato al colapso económico y
social. Esos subsidios energéticos –cuando computan todos los rubros- han
llegado a crecer hasta representar el 4,0% del PBI. Una cifra de magnitud de
recursos públicos que podría tener un mejor uso en otras áreas de la
infraestructura y en el gasto social.
El subsidio energético indiscriminado y no focalizado en la población careciente,
constituye un gasto regresivo desde el ángulo distributivo que favorece la
ineficiencia global y la corrupción por vía de los mayores costos de las obras
contratadas por las instituciones gubernamentales. La recomposición gradual
de precios y tarifas (con una tarifa social focalizada) sigue siendo postergada por
especulaciones políticas cortoplacistas. Mientras tanto, la energía importada
paga precios internacionales que complican las cuentas externas, y los subsidios
indiscriminados se financian con emisión inflacionaria que perjudica a todos los
asalariados.
3.6- LA CONSTRUCCIÓN DESORDENADA DEL EQUIPAMIENTO ENERGÉTICO Y LOS
MAYORES COSTOS DE LAS OBRAS ANUNCIADAS
Por último, queremos advertir sobre lo que consideramos una mala praxis de la
acción gubernamental en el área energética en los últimos 10 años. Nos
referimos a la costumbre muy poco exitosa para la actual gestión de lanzar obras
públicas sin los estudios técnicos económicos financieros y presupuestarios que
aseguren la viabilidad de los emprendimientos.
Es común que el gobierno haga anuncios que nunca se concreten; esto es lo que
ocurre por ejemplo con el gasoducto de Noreste Argentino (GNEA) anunciado
en el 2004 y todavía no comenzado. Esto ocurre siempre con los proyectos
inmaduros o deficientemente evaluados que luego derivan en un alto costo que
debe pagar la sociedad toda.
El gobierno ha abusado en estos años de modos de ejecución basados en la
adjudicación directa de obras que generalmente recae en los mismos grupos
empresarios, cuya experiencia en este rubro era desconocida hasta 2003. Los
costos de obras energéticas realizadas con estas metodologías debe ser objeto de
auditorías integrales
Nos preocupa en forma particular la inminente adjudicación de las obras
hidroeléctricas del río Santa Cruz cuya factibilidad real en las actuales
circunstancias nadie conoce; como tampoco se sabe cómo se repagarán.
Solicitamos al Gobierno que transparente los estudios de factibilidad
integrales que demuestren la viabilidad de estas obras en las
actuales circunstancias.
La sociedad debe exigirle al gobierno que, a dos años de concluir su mandato, no
comprometa más el futuro del país con decisiones carentes de fundamentación
técnica y económica.
Firmado:
Emilio Apud; Julio César Aráoz; Enrique Devoto; Roberto Echarte; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat; Raúl Olocco.
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