A diferencia de lo que ocurrió en el año 2009, en materia fiscal el gobierno nacional se quedó sin capacidad de fuego para actuar contracíclicamente. Para poder aplicar la receta keynesiana básica se requiere que el Estado tenga capacidad de endeudarse o que haya ahorrado en el pasado. El gobierno no quiso (ni hoy puede) endeudarse en el exterior a tasas razonables, lo que hubiera permitido a la economía relajar algo la restricción externa. Y por razones políticas no se aprovecharon los dos años de alto crecimiento (2010 y 2011) para reponer el superávit primario perdido durante el año 2009.
Sin la herramienta fiscal, el gobierno decidió utilizar más agresivamente la política monetaria, aumentando el ritmo de emisión al 40% anual. El problema con esa estrategia es que el punto de partida era una inflación elevada que, de hecho, aumentó algo a pesar de la fuerte desaceleración que la economía sufrió -en especial en el segundo y tercer trimestre de 2012-. Además, se choca con un bajo nivel de monetización, que reduce el potencial de una expansión crediticia, y con un problema de confianza, que hace que parte de la liquidez haya alimentado la brecha cambiaria.
Transcurrido algo más de un año del endurecimiento del control de cambios, el gobierno logró prácticamente eliminar la fuga de capitales. Además, se adoptó un corte drástico en el giro de dividendos al exterior que pasaron de US$ 400 millones al mes a casi cero. A pesar de lo extremo de estas medidas, las reservas del BCRA (netas de pasivos en moneda extranjera y de los encajes de los argendólares) se ubican hoy en un nivel algo inferior al que tenía cuando empezaron los controles más duros. Pareciera que el gobierno subestimó la reacción del sector privado y de las provincias, que redujeron la oferta neta de divisas por otros conceptos.
En ese contexto, las restricciones al financiamiento externo empezaron a agravarse. Primero, ocurrió la pesificación del pago de un servicio de deuda de la Provincia del Chaco que sembró la duda respecto a la voluntad de pago que tenían otras provincias y el propio gobierno nacional, aún a pesar de las promesas oficiales de cumplir puntualmente con los pagos de la deuda provincial emitida bajo ley extranjera y de toda la deuda reconocida por el gobierno nacional bajo cualquier legislación.
Además, se complica el financiamiento de exportaciones e importaciones que también demoraría en volver a la normalidad.
También hay que sumar un efecto riqueza negativo para los argentinos que tienen en su cartera títulos públicos o privados que han sufrido pérdidas de valor importantes comparado con la situación existente hace un par de meses atrás. En base a la experiencia de países desarrollados puede afirmarse que este efecto riqueza negativo debería desalentar el consumo.
Fuente: Prensa Energética - Extracto del artículo publicado en FIEL News - Boletín Informativo Mensual
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