Esto fue ratificado por el economista y precandidato a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, quien en los últimos días calificó el ambiente de negocios en el mercado nicaragüense como “extremadamente hostil para el inversionista”.

La situación no sería nueva, pero se habría acentuado en el último tiempo una ambigüedad entre “apertura y restricciones a la inversión extranjera”. De acuerdo al informe de Estados Unidos, “las autoridades nicaragüenses buscan la inversión extranjera directa para proyectar normalidad y dar señales de apoyo internacional”.

En concreto, sobre políticas industriales vinculadas a energías renovables una serie de beneficios estarían vigentes. Según detalla el informe, habría exenciones fiscales que resultarían de gran atractivo para players que se encuentran ampliando su cartera de proyectos.

Entre los beneficios, se menciona la Ley de Promoción de la Energía Hidroeléctrica (enmendada en 2005/531) y la Ley de Promoción de la Generación de Electricidad a Partir de Recursos Renovables (2005/532). Políticas industriales que ofrecen incentivos para invertir en la generación de electricidad, incluidas las importaciones libres de impuestos de bienes de capital y exenciones de impuestos sobre la renta y la propiedad.

No obstante, indican que “las preocupaciones regulatorias limitan la inversión a pesar de estos incentivos”. Como consideración adicional, apuntan a que la Asamblea Nacional debe aprobar todos los proyectos mayores de 30 MW, lo que daría una cuota de discrecionalidad y no de fundamentos técnicos para autorizar nuevas inversiones en el sector.

En adición, se menciona que la ley que promueve la energía renovable ofrece exenciones fiscales a los inversores en el sector de la energía renovable e incluso que Nicaragua ha modificado la ley varias veces para ampliar las exenciones, la más reciente en septiembre de 2020. “La ley incluye exenciones, cada una válida de dos a cinco años, de los siguientes impuestos: derechos de importación; impuesto al valor agregado; impuesto sobre la renta; impuesto municipal; impuesto sobre la explotación de recursos naturales; y timbre fiscal”, enumera el documento americano.

De hecho, desde Estados Unidos observan que el país ha otorgado ocasionalmente incentivos fiscales amplios para promover grandes inversiones únicas, como aquella que se realizó en 2020 para una planta de energía de propiedad extranjera.

Sin embargo, Nicaragua tiene una larga historia de demandas de expropiaciones gubernamentales sin el debido proceso que ponen en jaque a cualquier inversionista.

“Sigue habiendo una considerable incertidumbre en cuanto a la protección de los derechos de propiedad. Abundan las demandas conflictivas sobre títulos de propiedad y las apelaciones judiciales son lentas y engorrosas. Desde 2018, numerosos terratenientes han denunciado invasiones de tierras por parte de actores afiliados al régimen”, advierte el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que además apunta a que no suelen aplicarse mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados debido al alto costo y la probabilidad de represalias por parte de las autoridades nicaragüenses.

Fuente: Energía Estratégica