Eran las 3 de la tarde de un día viernes con lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Sebastián Kind estaba en su oficina del Ministerio de Energía, ubicada en el quinto piso de la esquina de Paseo Colón al 100. Parecía de ánimo, hasta relajado, acompañado como siempre de un pequeño aerogenerador de escritorio.
Se mostró abierto a contestar preguntas, interesado en analizar las perspectivas del programa “RenovAr”, en destacar la llegada de inversiones por US$ 1.500 millones hacia 2017, y también para responder con argumentos a quiénes llama sus detractores: parte de los industriales locales y las empresas que no pudieron avanzar con proyectos luego de la suspensión de la Resolución 108, sin dudas, la medida que más adversarios políticos le generó desde que está en funciones.
“Cuando hay lobby o intereses privados, o gente que está metiendo palos en la rueda por interés personal, eso mata todo. Eso es lo que más molesta”, respondió consultado sobre su experiencia al pasar de la actividad privada a la pública.
Y aunque por momentos admite que le generan malestar las críticas que considera “interesadas”, reconoce que es “lógico” y asegura ser firme en sus convicciones. “No vamos a hacer contratos uno a uno con los privados. Queremos procesos públicos y competitivos”, sentenció.
En la entrevista, Kind hizo anuncios sobre el pliego definitivo de la subasta para renovables, a publicarse el 15 de julio: disminuirá el monto de la garantía por cada MW de Potencia Ofertada de US$ 50 mil a US$ 35 mil. También reducirá el requerimiento financiero de Patrimonio Neto que se debe constatar con el último estado contable de US$ 500 mil a US$ 250 mil. “Lo vamos a publicar en los próximos días”, se comprometió, al tiempo que garantizó que “el cronograma previsto se mantiene”.
Estos fueron algunos de los puntos que se tomaron en cuenta de las observaciones presentadas por compañías y asociaciones del rubro en la Consulta Pública que venció el viernes. Hay más, pero todavía no quiso difundirlos. “Hemos recibido consultas, algunas sugerencias se están incorporando, otras no; lo que se estaba pidiendo con los US$ 500 mil es el equity”, explicó. El costo de $ 200 mil para la compra del pliego se mantiene.
Y agregó que esa cifra permite evitar que se presenten “especuladores” que quieran vender los contratos PPA sólo para hacer negocios. “No nos sirve tener meras expresiones que luego no se materialicen; necesitamos MW hora y eso es lo que estamos haciendo”, fundamentó.
¿Existe la posibilidad de que haya un segundo llamado de licitación este año? Sobre este aspecto, Kind se propone respetar los objetivos de la Ley 27.191 que el mismo elaboró: “Tenemos por delante 10 GW y este es el primero, con lo que es el 10 por ciento del mandato que se ha puesto en la ley”.
Sin embargo, deja la puerta abierta para sumar más potencia: “el Estado se guarda el derecho de asignar al menor precio de la licitación por arriba de los 1.000 MW y eso está escrito en los documentos que son públicos. Lo que queremos asegurar es que tenemos 1.000 MW bien competitivos; si es que hay más y en las condiciones en las que a decisión del Poder Ejecutivo se puede ofrecer para entrar en licitación, lo veremos”.
En parte, dependerá de los precios que presenten los oferentes. ¿Se podrán conseguir valores similares a los de otros mercados de Latinoamérica? Este es un deseo que prefiere no hacer explícito: “Partimos de condiciones diferentes”, reconoce en relación a Uruguay, Chile, Brasil, México y Perú.
Pero al mismo tiempo asegura trabajar “para que los números se acerquen a los de la región y estén lejos de los que teníamos meses atrás”. Puso como ejemplo medidas de Gobierno: las garantías del Banco Mundial y el FODER, además de los beneficios impositivos.
En este contexto aprovechó para cuestionar y duro los contratos con Cammesa por US$ 240 el MWh como firmaba la gestión anterior para la energía solar en un contexto distinto de mercado, antes de contar con las exenciones fiscales de la Ley 27.191. “Los propios inversores están manifestando que están mucho más cerca de lo que está sucediendo en el mundo de lo que teníamos meses atrás”, sostuvo. El precio tope de US$ 113 que establece la normativa, asegura que “quedó viejo“.
Importaciones y producción local
Kind anticipó que en las resoluciones que se publicarán en los próximos días “van a salir otras medidas que suman a fortalecer el desarrollo de la industria nacional”. Respondiendo indirectamente a sus ‘detractores’ criollos que lo acusan de armar una subasta a medida de grandes empresas extranjeras, dijo que “el objetivo es cuidar” a las firmas locales. “Pero no vamos a hacer que si no es al 100 % de industria nacional no funcione, porque queremos que funcione”, acusó.
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